La misma parroquia, la misma cofradía y dos decretos de destitución en quince años. Éste es el triste balance que presenta la historia más reciente de la hermandad de Columna, cuyas últimas juntas de gobierno aseguran que no se les ha permitido trabajar con normalidad.

Los decretos que han llegado a la cofradía de Columna tienen bastante en común. Se trata de los dos últimos casos en los que la autoridad eclesiástica gaditana ha actuado de oficio contra una hermandad, por lo general desatendidas dentro del seno de la Iglesia diocesana. Además, ambos están dirigidos contra la misma cofradía, curiosamente. Los dos llevan firma de Guillermo Domínguez Leonsegui, tanto en su anterior ocupación de vicario judicial como en la actual de vicario general. Y también los dos hacen claras referencias al director espiritual de la archicofradía y párroco de San Antonio, Enrique Arroyo.

Pero igualmente hay considerables diferencias entre ambos documentos. En el primero de ellos, con fecha de salida de 21 de agosto de 1991, el protagonista era el grupo de "Devotos del Cristo del Silencio", como lo llamaba el vicario general, Félix González Moral. Por su parte, en el texto firmado por Domínguez Leonsegui el pasado 12 de junio es Juan Antonio Laluz quien juega el papel principal de los hechos que relata. Pese a ser éste el único miembro que se menciona en el decreto, la destitución se extiende al resto de componentes de la junta de gobierno. En el caso de 1991, el hermano mayor, Francisco Ladera, fue el único que se salvó de la destitución, pasando a liderar la junta gestora que se formaría en Columna.

En el año 1991, el decreto que el Obispado emitió contra la entonces junta de gobierno estaba basado en las malas relaciones que al parecer existían entre el hermano mayor y la junta de gobierno de Columna, debido -según asegura Félix González Moral en el documento- a la presencia "en número mayoritario de varios de los más destacados miembros del llamado grupo "Devotos del Cristo del Silencio", cuyos intereses serían, "haciendo lo posible y bastante de lo imposible", constituir una hermandad, o al menos integrarse dentro de alguna ya fundada.

El documento de la Vicaría General, de seis páginas, relata una serie de hechos, los más significativos a su juicio, relacionados con esta situación, afirmando contar "con suficiente información y elementos de juicio como para tomar una decisión adecuada al respecto, por dolorosa que pudiera parecer".

Entre los hechos expuestos, se destaca que el grupo de devotos "lo que querían era promocionar a su Cristo del Silencio", enumerando pruebas como el intento de modificación del itinerario del Martes Santo para pasar "por delante del mosaico que sin la debida autorización habían instalado en la calle Zaragoza", algo que vuelven a intentar en la procesión del Resucitado, tras lo que "se quitan del medio y se desentienden hasta el presente de todo, cumpliendo la amenaza previa".

Finalmente, González Moral declaró cesada a toda la junta de gobierno del Resucitado, "excepto al hermano mayor, por abandono y reiterado incumplimiento de sus obligaciones, y por haber mostrado hasta la saciedad que sus intereses son otros distintos a los de la archicofradía, intereses que no podemos hacer nuestros".

Asimismo, se nombra al hermano mayor, Francisco Ladera, al frente de una comisión gestora por período de dos años, y se invita a los devotos del Silencio a "donar sin condición alguna a la parroquia dicha imagen" o a retirarla de San Antonio, en cuyo caso "no podrán exponerla al culto en iglesia, oratorio, capilla o lugar alguno de la diócesis de Cádiz".

Por su parte, el decreto firmado el 12 de junio de este año por Domínguez Leonsegui, y que tan sólo contiene dos páginas, declara destituidos a Juan Antonio Laluz Rodríguez "y a toda la junta de gobierno", y añade que los miembros "no podrán presentarse en adelante como candidatos para la junta de gobierno de ninguna hermandad o cofradía de la diócesis sin licencia expresa del delegado episcopal competente".

En este caso, el decreto se basa en la rumorología y en manifestaciones publicadas en diversos medios de comunicación y foros, aunque en ningún momento se tiene conocimiento de primera mano de todo lo ocurrido y expuesto en las dos páginas.

Dos casos parecidos y a la vez muy distintos con una única perjudicada: la cofradía de Columna.

El primer decreto, el de 1991, acabó con la marcha del Cristo del Silencio a Córdoba, donde hoy recibe culto.

El segundo todavía está a tiempo de una solución, para lo cual los hermanos de Columna confían en la buena voluntad del Obispado.

Fuente: Diario de Cádiz