Sectores de la Iglesia que rechazaban la venta piden que se aclare la cesión y cuándo podrán celebrarse los cultos El Ayuntamiento solicita a la Junta entrar en el acuerdo

Si es lícito emplear un símil en esta partida de ajedrez en que se ha convertido el futuro del Oratorio, sería el de jaque. No jaque mate, todavía, pero el preacuerdo, -que aún no es oficial pero que se ha hecho público en los medios- dibuja ya el futuro del Oratorio. Una solución que sin embargo no satisface a todos los que se opusieron a la desacralización, a pesar de que en teoría se seguirán celebrando cultos allí.

Para el abogado José Ramón Pérez Díaz-Alersi, prosigue el oscurantismo que ha rodeado hasta ahora a esta negociación entre la Junta de Andalucía y el Obispado. Al margen de congratularse porque se haya avanzado en el acuerdo y se den pasos hacia el consenso, Pérez Díaz-Alersi mostró su preocupación porque el acuerdo se haga por 30 años y porque los actos litúrgicos se celebren esporádicamente. También pidió que se defina qué se entiende por cesión: si se tratará de la cesión administrativa, del uso, del dominio o la propiedad.

También comparte esta preocupación por el uso religioso excepcional que se avanza en el acuerdo el rector del Oratorio Manuel de la Puente. El sacerdote -que se enteró de la noticia por los periódicos- cree que es un error y que 30 años «son muchos años. De la Puente se pregunta por qué una iglesia que sirvió para los fines constitucionales de 1812 debe dejar de serlo 200 años después. Aunque se declara partidario de esperar una comunicación oficial del Obispado, De la Puente considera que la decisión «no responde al espíritu de la liturgia». La celebración de cultos, agregó, implica que una Comunidad se reúna y celebre cada cierto tiempo, no cada seis meses. La decisión, puntualizó, echa por la borda la posibilidad de aprovechar el patrimonio del Oratorio como un centro de pastoral universitaria y de fe y cultura.

Mucho más duro se mostró Francisco Javier Barea, uno de los impulsores de la campaña contra la desacralización. Barea cree que el Obispado «no ha sido sincero con los fieles, a los que ha tratado como simples súbditos». En su opinión, la decisión de realizar cultos esporádicos es una «pantomima dirigida a taparnos la boca y a evitar que la Santa Sede tenga que intervenir». «Por lo visto, en el Obispado no están muy seguros de que la Santa Sede les fuera a dar la autorización para lo que pretenden», agregó.

Tampoco José Macías, hermano mayor de la Cofradía de la Luz y el Agua, parece satisfecho con el traslado de esta corporación, que es más que posible. Sin embargo, también es partidario de esperar a la comunicación oficial del Obispado antes de pronunciarse. Confía, además, en que el Obispado les facilite una solución para que sus tres pasos puedan encontrar acomodo en otro local.

Lógicamente, la visión de los políticos es diferente. La alcaldesa valoró como «positivo» tanto el acuerdo entre la Junta y el Oratorio como la decisión de no desacralizar el templo. Al mismo tiempo aprovechó la ocasión para reiterar su ofrecimiento de participar «en este y cualquier otro proyecto de importancia que esté relacionado con el 2012 y con Cádiz, por lo que esperamos que la Junta se dirija a nosotros para hacernos partícipes de un Centro de Estudios Constitucionales».

Para el portavoz socialista, Rafael Román, el acuerdo es «interesante» porque «garantiza que se rehabilitará el Oratorio y que estará antes de 2012».

En cambio, Sebastián Terrada, de IU, recordó a la Junta de Andalucía que el dinero que le pagará a la Iglesia es público y que esta operación «no puede suponer un negocio para el Obispado». Terrada pidió que se haga un proyecto de Estudios Constitucionales «serio y no de cartón piedra» y en este sentido, mostró su preocupación porque el acuerdo sea sólo por 30 años.

Los que tampoco bajan la guardia son los padres del colegio Las Cortes, anexo al Oratorio y que en su día se manifestaron para evitar que el centro entrara en la operación y los niños fueron trasladados a otro centro. Juan Miguel Solano, presidente de la Ampa, manifestó su confianza en que la Junta respete su palabra y no cierre el colegio.

FUENTE: LA VOZ DE CADIZ